CALIVA, Roberto Daniel c/ Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) s/ Reajustes varios

En el caso Roberto Daniel Caliva contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), el Juzgado Federal de Salta 1 dictó sentencia ordenando el recálculo del haber inicial del beneficio jubilatorio del actor. La demanda buscaba una nueva determinación del haber, el pago de retroactividad, intereses y costas, argumentando que el haber inicial debía recalcularse en base a las remuneraciones actualizadas con el ISBIC y solicitando la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 24.241 en caso de que el salario fuera alcanzado por el tope legal. La ANSeS contestó planteando la prescripción de la acción y negando los hechos, defendiendo la validez constitucional de las leyes 24.463 y 26.417. El juzgado falló a favor del recálculo de la Prestación Compensatoria (PC) y la Prestación Adicional por Permanencia (PAP) utilizando el índice de la Resolución ANSeS N° 140/95 (ISBIC), con algunas salvedades temporales y considerando la ley 27.541 que declaró la emergencia pública previsional. Además, se ordenó el pago de las sumas retroactivas desde el 17 de abril de 2014, con intereses a la tasa pasiva del Banco Central. Se difirió para la etapa de liquidación la valoración del recálculo de la Prestación Básica Universal (PBU) y la procedencia de un suplemento de sustitutividad, rechazando otros planteos de inconstitucionalidad. Se impusieron las costas por el orden causado. El Juzgado destaca la importancia del principio protectorio en materia previsional, la función de los organismos previsionales como órganos de aplicación y contralor de la Seguridad Social, y la necesidad de una hermenéutica que se compadezca con la ratio legis y las consideraciones de justicia.

El fallo se fundamenta en el principio protectorio del derecho laboral y previsional, la función de los organismos previsionales, jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la movilidad de los haberes jubilatorios (casos “Sánchez”, “Badaro” y “Elliff”), y la ley 27.541 que declaró la emergencia pública previsional. También se considera la doctrina del fallo "Blanco", y los artículos 14 bis, 17 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, así como tratados internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales.