“MARQUEZ, RAIMUNDO c/ ANSES s/REAJUSTES VARIOS”

El caso "Marquez, Raimundo c/ ANSES s/Reajustes Varios" se presenta ante la Cámara Federal de Salta Sala II tras las apelaciones de ANSES y la parte actora contra la sentencia de primera instancia. Esta sentencia había fallado parcialmente a favor de Márquez, ordenando un recálculo de sus prestaciones jubilatorias, actualizando las remuneraciones hasta febrero de 2009 según el ISBIC y posteriormente con el índice del art. 2 de la ley 26.417. La parte actora apela la decisión sobre la movilidad, argumentando que el porcentaje reconocido para 2020 no cubría la inflación y cuestionando la constitucionalidad de la ley 27.609. ANSES, por su parte, se agravia de la pauta de actualización de las remuneraciones según el ISBIC y cuestiona el recálculo de la PBU. La Cámara rechaza el recurso de ANSES y parcialmente el de la actora. Confirma que el mensual de marzo de 2018 se liquide según la ley 26.417 y establece criterios para la movilidad durante la suspensión de la ley 27.426, basándose en la ley 27.551. Difiere el análisis sobre la constitucionalidad de la ley 27.609 para la etapa de liquidación y mantiene lo resuelto en primera instancia sobre los topes a la redeterminación del haber inicial. Finalmente, desestima el agravio sobre la actualización monetaria y la tasa de interés, imponiendo las costas por el orden causado. La Cámara también señala la complejidad y falta de transparencia de la ley 27.609 en relación con la determinación de la movilidad jubilatoria, resaltando que durante el período de suspensión, los aumentos no remunerativos y las condonaciones de deuda afectaron negativamente la movilidad previsional.

La decision se fundamenta en la aplicacion de precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion, como "Elliff" y "Quiroga", y en la necesidad de garantizar los principios de sustitutividad, proporcionalidad y no confiscatoriedad en la determinacion de los haberes jubilatorios. Se considera la validez de los decretos emitidos durante la suspension de la ley 27.426, pero se subraya la irrazonabilidad de los montos y alicuotas establecidos. Se cuestiona la formula de movilidad establecida por la ley 27.609 por su complejidad y falta de transparencia, pero se difiere el analisis sobre su constitucionalidad para la etapa de liquidacion.