POBLETE, OSCAR ARGENTINO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS

En la ciudad de Mendoza, se reunen los jueces de la sala "B" de la Camara Federal de Apelaciones para resolver el caso Nº FMZ 10896/2020/CA1, caratulado "POBLETE, OSCAR ARGENTINO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS", proveniente del Juzgado Federal de San Juan Nº 2. La controversia surge por los recursos de apelacion interpuestos contra la resolucion de fecha 25/02/21. La actora se queja de la tasa aplicable y la omision del tratamiento de inconstitucionalidad de los decretos 163/20 y 495/20, solicitando la aplicacion de la ley 27.541 para la movilidad del beneficio durante 2020. ANSES se agravia de la aplicacion del precedente “Makler, Simon”, para recalcular la prestacion a los servicios autonomos, del reajuste del haber inicial por los servicios prestados en relacion de dependencia y del inadecuado indice salarial aplicado. El Dr. Porras propone hacer lugar parcialmente al recurso de ANSES revocando el punto III del resolutivo, hacer lugar parcialmente al recurso de la actora declarando la inconstitucionalidad de los decretos N° 163/20 y 495/20 solo si los calculos en liquidacion resultan confiscatorios y establece costas en el orden causado regulando honorarios en 30% de lo regulado en primera instancia. El Dr. Pizarro adhiere a la relacion de causa y a la solucion propuesta, pero disiente respecto a la constitucionalidad del articulo 2 de la ley 27.426, de la ley 27541, decretos 163/20 y 495/20 agregando sus fundamentos y coincide con las costas. El Dr. Castiñeira de Dios adhiere al voto y fundamentos del Dr. Manuel A. Pizarro.

El Dr. Porras argumenta a favor de la aplicacion de la doctrina del maximo tribunal en Elliff, y de la utilizacion del ISBIC para la actualizacion del haber inicial. Sin embargo, considera aplicable el art. 2 de la ley 27.426 y rechaza la inconstitucionalidad de la ley 27.541, difiriendo el examen del perjuicio economico para la etapa de ejecucion. El Dr. Pizarro argumenta en contra de la validez del art. 2 de la ley 27.426 y fundamenta la inconstitucionalidad de la ley 27541