BARRIOS RUIZ, MARCELA GABRIELA POR SU DERECHO Y EN REPRESENTACION DE SU HIJO MENOR M.G.B. c/ ANSeS s/ Pensiones

En Salta, junio de 2025, el Juzgado Federal de Salta 2 dicta sentencia en el caso "Barrios Ruiz, Marcela Gabriela por su derecho y en representación de su hijo menor M.G.B. c/ ANSeS s/ Pensiones". La actora demanda a ANSeS para que se otorgue a ella y a su hijo menor el beneficio de pensión directa por el fallecimiento del Sr. Jorge Eduardo Boutenet, argumentando que cumple con los requisitos de la ley 24.241 y que ANSeS denegó indebidamente el beneficio, aunque se otorgo de manera cautelar a favor del hijo un haber minimo jubilatorio. La actora solicita el recálculo del ingreso base con el índice de salarios ISBIC, la inconstitucionalidad de varias resoluciones de ANSeS, el pago de haberes adeudados con intereses a la tasa activa, y el pago del retroactivo con actualización monetaria. ANSeS se opone, argumentando que el causante era afiliado al régimen de capitalización, que no acredita el período de aportes exigido por la normativa vigente, y que el acto impugnado es legal y razonable. El Ministerio Público Fiscal se pronuncia a favor de la actora. El juzgado analiza el caso a la luz de los principios del derecho laboral y previsional, el carácter alimentario del beneficio, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en casos análogos. Aplica el criterio de proporcionalidad de aportes establecido por la Corte, teniendo en cuenta que el causante acreditaba más del 50% de los aportes posibles a lo largo de su vida laboral. Reconoce a la actora como conviviente del causante, basándose en la prueba documental acompañada y la falta de oposición de ANSeS. En consecuencia, hace lugar parcialmente a la demanda, ordenando a ANSeS otorgar el beneficio de pensión directa a la actora y a su hijo, considerar al causante como aportante irregular con derecho, liquidar y pagar el retroactivo desde el 03/11/2021 con intereses, y deja sin efecto la medida cautelar anterior. Rechaza los planteos de inconstitucionalidad y la actualización monetaria.

La decisión se fundamenta en el análisis del art. 53 y 95 de la ley 24.241, el decreto 460/99, la jurisprudencia de la CSJN en los casos “Tarditti” y “Pinto”, y los principios del derecho laboral y previsional, especialmente el principio protectorio. Se considera la irrazonabilidad del Decreto 460/99 al exigir el cumplimiento de un período de aportes que no pudo ser completado por el causante, y se aplica el criterio de proporcionalidad de aportes.