BRIONES, Alberto c/ ANSES s/ Ordinario Previsional

La sentencia resuelve la demanda interpuesta por el Sr. Alberto Briones contra la Administracion Nacional de la Seguridad Social (ANSES) solicitando el reajuste de su haber jubilatorio y la declaracion de inconstitucionalidad de varias normas. El demandante obtuvo su jubilacion en 2012 y alega que el calculo de su haber inicial no contemplo la actualizacion de remuneraciones, ademas de impugnar la movilidad posterior y el tope previsional. La ANSES, por su parte, opuso la excepcion de prescripcion y defendio la constitucionalidad de las leyes aplicadas. El Juzgado Federal de Salta 1, haciendo lugar parcialmente a la demanda, ordeno recalcular las prestaciones Compensatoria y Adicional por Permanencia con el indice de la Resolucion ANSES N° 140/95 y la Prestacion Basica Universal (PBU) segun el indice del caso 'Badaro'. Ademas, dispuso que para los servicios autonomos se consideren todos los anos y categorias aportadas, y que se aplique una tasa de sustitucion del 70% del promedio de remuneraciones actualizadas, si el calculo inicial fuera inferior. Se rechazo el planteo de inconstitucionalidad de la Ley 26.417 y el Art. 21 de la Ley 24.463, y se reservo el analisis del Art. 9 de la Ley 24.463 para la etapa de liquidacion. Finalmente, se rechazo la excepcion de prescripcion de la ANSES y se impusieron las costas por su orden.

La sentencia se fundamenta en el principio protectorio del derecho laboral y previsional, la funcion de los organismos previsionales como organos de aplicacion y contralor, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en casos clave como 'Elliff' para la actualizacion de remuneraciones, 'Badaro' para el indice de movilidad de la PBU, y 'Makler' para el computo de aportes autonomos. Tambien se cito el caso 'Betancur' de la Camara Federal de la Seguridad Social para establecer la tasa de sustitucion del 70%. Se resalta que la declaracion de inconstitucionalidad de leyes debe ser la 'ultima ratio' del ordenamiento juridico, y se consideraron las posibilidades financieras de los entes previsionales. Se rechazo la prescripcion basandose en la fecha de concesion del beneficio y la interposicion del reclamo administrativo.