POCLAVA, EDUARDO c/ ANSES s/ REAJUSTES VARIOS

En el caso "Poclava, Eduardo c/ ANSES s/ Reajustes Varios", ambas partes, el demandante (Eduardo Poclava) y la demandada (ANSES), apelan la sentencia de primera instancia. El demandante busca que se tengan en cuenta las variaciones sufridas en su jubilacion entre julio de 2019 y septiembre de 2020, argumentando que los aumentos dados por decreto fueron insuficientes y solicita que se declare la inconstitucionalidad de la ley 27.609. Ademas, cuestiona la metodologia utilizada para determinar la confiscatoriedad de la PBU (Prestacion Basica Universal). Por su parte, ANSES se queja de la pauta ordenada para actualizar las remuneraciones y de que la Prestacion Basica Universal sea ajustada con metodos ajenos a los definidos por la ley 26.417. Ademas, cuestiona que se aparta del regimen legal aplicable, y subraya que el juez de grado, sin declarar la inconstitucionalidad de la norma, decidio dejar sin operatividad a la ley 27.541. La Camara Federal de Salta - Sala II decide rechazar el recurso de apelacion interpuesto por la ANSES y hacer lugar parcialmente al recurso del actor, estableciendo que el mensual marzo de 2018 se liquide conforme a la movilidad determinada por la ley 26.417. Se confirmo ademas el diferimiento del analisis del recalculo de la PBU de origen para la etapa de liquidacion, conforme a pautas previamente establecidas. Se mantiene la distribucion de las costas por el orden causado, y se desestima el agravio sobre la falta de reconocimiento de actualizacion monetaria.

La decision se basa en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion en casos como “Elliff” y “Gualtieri”, asi como en precedentes de la Camara Federal de Salta, como “Garcia, Miguel”, “Diaz Cortez, Fatima Sorka”, “Caliva, Roberto Daniel”, “Marquez, Raimundo”, “Casas”, “Jubany”, “Garcia Vidal”, “Mansilla, Ramon Oscar”, y “Mamani, Juan Carlos". Estos precedentes se utilizan para justificar la aplicacion del ISBIC para la actualizacion de remuneraciones, el tratamiento de la PBU, y la validez de los decretos emitidos durante la suspension de la ley 27.426.