LOPEZ, ELSA YOLANDA c/ ANSeS s/REAJUSTES POR MOVILIDAD

El caso "Lopez, Elsa Yolanda c/ ANSeS s/Reajustes por Movilidad" (Expte. N° FSA 2312/2015) se centra en la ejecución de una sentencia previsional y la aprobación de una planilla de liquidación actualizada. La actora presentó dos opciones de liquidación, aplicando diferentes criterios de movilidad, y solicitó además una indemnización por daños debido a la inactividad del Estado y la actualización de honorarios. ANSeS impugnó la planilla, argumentando que no se realizó la comparación con el salario de activo de la actora y que se aplicó una movilidad diferente a la ordenada en la sentencia original. El Juzgado Federal de Salta 1 rechazó la impugnación de ANSeS, recordando que la cuestión de la comparación con el salario activo ya había sido resuelta en una interlocutoria anterior, implicando cosa juzgada. Además, instó a la letrada del organismo a evitar planteos reiterativos sobre cuestiones ya decididas, bajo apercibimiento de declarar la temeridad o malicia de su conducta. Se rechazó la liquidación presentada por ANSeS por aplicar movilidad general, contrariando la sentencia. Finalmente, el juzgado aprobó en defecto la liquidación presentada como "opción 2" por la actora, por un monto total de $ 1.664.146,25, correspondiente al período 09/09/2012 al 30/06/2024, discriminando capital e intereses y descontando sumas ya abonadas. Se basó en el criterio establecido por la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en el caso “Palavecino”, que aplicaba el índice “Caliva–Márquez” y declaraba la inconstitucionalidad de las pautas de movilidad de la ley 27.609. Se rechazó el pedido de devolución de intereses sobre embargo y el reclamo de daños y perjuicios, difiriendo la actualización de intereses y la regulación de honorarios para un momento posterior. Se impusieron las costas en un 90% a la ANSeS.

El juzgado se basa en el criterio establecido por la Camara Federal de Apelaciones de Salta en autos “Palavecino, José Rubén c/ ANSeS s/Reajustes Varios” (Expte. N° 16057/2018) en donde se estableció la aplicación del índice resultante de “Caliva–Márquez” (50 % IPC y 50% RIPTE) de manera trimestral, declarando así la inconstitucionalidad de las pautas de movilidad instauradas por el art. 1° de la ley 27.609.