PUPPI, Juan Ángel c/ ANSeS s/ Reajustes Varios

El caso se centra en la demanda de Juan Ángel Puppi contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS) buscando la redeterminación del haber de origen de su jubilación, obtenida bajo la ley 24.241. El demandante solicita que el cálculo inicial se base en remuneraciones actualizadas con el índice ISBIC y que se declare la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 24.241. La ANSeS plantea la prescripción de la acción y defiende la validez de los cálculos realizados y la aplicación de la normativa vigente. La sentencia del Juzgado Federal de Salta 1, dictada en agosto de 2021, falla a favor del demandante, ordenando recalcular las prestaciones iniciales según el criterio establecido en el precedente “Elliff” (Fallos: 332:1914), utilizando el índice ISBIC sin limitación temporal. Además, se establecen pautas sobre cómo proceder en caso de que ANSeS haya aplicado el índice RIPTE, siguiendo lo dispuesto por la Corte Suprema en “Blanco”. El fallo también aborda la cuestión de la movilidad de las prestaciones, indicando que se debe estar a lo dispuesto en la ley 27.541 y a los aumentos dispuestos por el Poder Ejecutivo Nacional hasta la entrada en vigencia de la ley 27.609, siempre garantizando que la actualización de las prestaciones no sea inferior a las variaciones del índice establecido por la ley 27.551 (ley de alquileres). Se difiere para la etapa de ejecución la valoración del recálculo de la Prestación Básica Universal (PBU) y del suplemento por sustitutividad. El juzgado rechaza el planteo de prescripción de la acción y establece que las costas se imponen por el orden causado. En resumen, la sentencia busca proteger el carácter integral de los beneficios de la seguridad social, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema y adaptándose a la normativa vigente al momento de la decisión.

La sentencia se fundamenta en el principio protectorio del derecho laboral y previsional, en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (especialmente en los precedentes “Elliff”, “Blanco” y “Quiroga”), en las leyes 24.241, 26.417, 27.426, 27.541 y 27.609, y en la doctrina de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta en el caso “Caliva”. Se considera la necesidad de garantizar la integralidad del haber jubilatorio y evitar que la falta de actualización de las prestaciones resulte confiscatoria.