Castellanos Caceres, Mario Edgar C/ Anses S/Reajustes Varios

La presente sentencia del Juzgado Federal de Salta 2 aborda un expediente de reajustes varios en el que el actor, Castellanos Caceres, Mario Edgar, presento cuatro opciones de liquidacion retroactiva con diferentes criterios de movilidad. Estas opciones variaban entre $15.056.339,22 y $22.226.633,15, incluyendo capital e intereses. La parte actora tambien solicito intereses sancionatorios, astreintes, indemnizacion por daños, la regulacion de honorarios profesionales y planteo la inconstitucionalidad de la Ley 27.609. La ANSeS, por su parte, impugno estas liquidaciones, argumentando la aplicacion de una movilidad distinta a la de la Ley General sin una declaracion de inconstitucionalidad previa. El tribunal tuvo que resolver sobre la movilidad aplicable, revisando un amplio marco normativo que incluyo las leyes 26.417, 27.426, 27.541, 27.551, 27.609 y el DNU 274/2024, asi como diversos decretos y precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion y de la Camara Federal de la Seguridad Social y de la Camara Federal de Apelaciones de Salta. Se determino que los jueces tienen la facultad de establecer criterios de movilidad en la etapa de ejecucion, incluso sobrevinientes, respetando la cosa juzgada y la naturaleza alimentaria de las prestaciones. En consecuencia, se resolvio que el actor debe readecuar su liquidacion conforme a los lineamientos de movilidad establecidos por el juzgado, dejando sin efecto el llamado a autos hasta que se cumpla con lo solicitado, e imponiendo las costas por el orden causado.

La sentencia se fundamenta en la necesidad de determinar la movilidad aplicable a los haberes jubilatorios en la etapa de ejecucion, considerando las circunstancias actuales y sobrevinientes, y la naturaleza alimentaria de las prestaciones. Se analizan diversas leyes de movilidad (26.417, 27.426, 27.541, 27.609, DNU 274/2024) y su constitucionalidad, haciendo referencia a precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nacion y de la Camara Federal de Apelaciones de Salta (como "Fernandez Pastor", "Caliva", "Marquez Reimundo", "Palavecino", "Campos Toranzos", "Flores" y "Cingolani"). Se subraya la facultad de los jueces para establecer criterios de movilidad no contemplados inicialmente en la sentencia definitiva y se reitera el principio de cosa juzgada, que no permite limitar temporalmente la ejecucion de beneficios de cumplimiento sucesivo. Se concluye que el piso minimo de movilidad debe asegurar el mantenimiento del nivel de vida del jubilado y se indica la aplicacion de indices combinados (RIPTE e IPC) como pauta de ajuste.