GARCIA, LILIANA DELIA c/ ANSES s/ ACCION MERAMENTE DECLARATIVA DE INCONSTITUCIONALIDAD

La Camara Federal de Salta - Sala I rechaza el recurso de apelacion de ANSeS y confirma la sentencia de primera instancia en el caso de Liliana Delia Garcia. La accion declarativa de inconstitucionalidad promovida por la Sra. Garcia, funcionaria judicial en actividad de 68 anos de edad con mas de 32 anos de servicio, buscaba eliminar la exigencia del cese definitivo para tramitar su jubilacion y aclarar la formula de calculo del haber inicial y la movilidad futura. En la primera instancia, se declaro la inconstitucionalidad del inc. b) del art. 9 de la ley 24.018 (modificada por la ley 27.546) y del punto e) del Anexo I de la resolucion 10/20 de la Secretaria de la Seguridad Social, eximiendo a la actora de la necesidad de cesar en sus funciones para iniciar el tramite jubilatorio. Sin embargo, la accion respecto al calculo del haber inicial y la movilidad fue desestimada por prematura. ANSeS apelo, argumentando la improcedencia de la via declarativa por falta de incertidumbre y perjuicio actual, ademas de defender la legalidad de la exigencia del cese definitivo y objetar las costas y honorarios. El Tribunal de segunda instancia ratifica la admisibilidad de la accion declarativa, senalando que la incertidumbre generada por las resoluciones de ANSeS causa un perjuicio real a la actora. Ademas, confirma la inconstitucionalidad del requisito de cese definitivo, apoyandose en precedentes propios. Las costas de ambas instancias se imponen a ANSeS y los honorarios de la letrada de la actora son confirmados y actualizados a un monto de $1.078.500 segun el valor mas reciente de la UMA.

La Camara Federal confirma la admisibilidad de la accion declarativa de inconstitucionalidad, al considerar que cumple con los requisitos del art. 322 del Codigo Procesal Civil y Comercial de la Nacion. Se establece que existe un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance y modalidades de la relacion juridica que genera un perjuicio actual a la actora, quien es funcionaria judicial en actividad y cumple los requisitos para acceder a un beneficio previsional. El Tribunal reitera su postura de inconstitucionalidad del inc. b) del art. 9 de la ley 24.018 (modificada por la ley 27.546) y del punto 2 inc. e) del Anexo I de la resolucion SSS 10/20, basandose en precedentes de la Sala como "Catalano". Se impone el pago de costas a la demandada en ambas instancias por el principio objetivo de la derrota (art. 36 de la ley 27.423 y art. 14 de la ley 16.986). Los honorarios profesionales se confirman como razonables, aplicando la ley 27.423 y recalculando el monto de 12 UMA conforme al valor actualizado de la Unidad de Medida Arancelaria establecido por la resolucion SGA de la CSJN N° 235/26.