Jueces:
Horacio Daniel Rosatti, Carlos Fernando Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Luis Lorenzetti
Carátula:
Patterer, Susana Alicia c/ Estado Nacional s/ amparo
Resumen:
El caso "Patterer, Susana Alicia c/ Estado Nacional s/ amparo" trata sobre la impugnación del decreto 267/2006 que establece un tope máximo para la prestación por desempleo. La actora, Susana Alicia Patterer, promovió una acción de amparo debido al reducido importe que le fue abonado en concepto de prestación por desempleo tras ser despedida en 2013. La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar al amparo, declarando la inconstitucionalidad del decreto 267/2006 y condenando al Poder Ejecutivo Nacional a abonar a la actora un importe mensual equivalente al salario mínimo, vital y móvil vigente, de acuerdo con la ley 24.013. El Estado Nacional (ANSES) interpuso un recurso extraordinario federal, argumentando que la declaración de inconstitucionalidad era infundada y que la sentencia era arbitraria al no considerar las posibilidades financieras del Estado. La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso extraordinario y confirmó la sentencia apelada, señalando que la omisión de la administración de actualizar los valores establecidos en el decreto 267/2006 llevó a convertir en irrisoria e inequitativa la asignación por desempleo que le correspondía a la actora, frustrando el derecho a la protección social consagrado en la Constitución Nacional y en la normativa internacional sobre derechos humanos.
Fundamentos:
El fallo se fundamenta en el derecho a la seguridad social consagrado en el art. 14 bis de la Constitución Nacional y en diversos tratados e instrumentos internacionales sobre derechos humanos. Se argumenta que la asignación por desempleo debe estar sujeta a dos requerimientos claros y precisos: ser determinada en proporción al salario en actividad del trabajador cotizante y preservar su significación económica en el tiempo mediante una razonable movilidad de los montos mínimos y máximos estipulados. La Corte considera que la omisión de la administración de actualizar los valores establecidos en el decreto 267/2006 llevó a convertir en irrisoria e inequitativa la asignación por desempleo, desnaturalizando el mecanismo de protección social.